Según un informe publicado por la Secretaría de Estado de Migraciones a finales de 2019, entre las 10 nacionalidades de extranjeros residentes en España más numerosas se encuentran cuatro europeas. Los diez primeros puestos los ocupan, por este orden: Marruecos, Rumanía, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia, Venezuela, Alemania, Perú y República Dominicana.

Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2019 se contabilizaban 5.663.348 personas extranjeras, lo cual, además de representar un aumento del 4,4% con relación al 2018, significa que la población extranjera en nuestro país representa más del 12% de la población total residente. En el caso concreto de las mujeres, son un 52% del total, algo más del 6% de la población total española.

NO. Según el último informe World Population Policies de Naciones Unidas, en lo que respecta a Europa, España es el cuarto país en la recepción de personas migrantes. Muy por encima de los casi 6 millones que hay en España se encuentran los más de 13 millones de personas inmigrantes residentes en Alemania, o los 9,5 de Reino Unido o los 8,3 millones de Francia. 

EN ABSOLUTO. Según el Banco Mundial, a julio de 2019 aproximadamente la mitad de la población refugiada total se repartía entre tan solo seis países, entre los que no está ninguno europeo: Turquía, Jordania, Cisjordania, Líbano, Uganda y Paquistán. Para encontrar al primero perteneciente al viejo continente hay que descender hasta el puesto número once. Por este orden siguen los países receptores de personas refugiadas: Bangladesh, Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Alemania, Irán, Sudán del Sur y Siria. España en concreto se encuentra en torno al puesto 40 a nivel mundial. La realidad es que los acontecimientos geopolíticos y medioambientales pueden hacer variar estas cifras rápidamente. Por ejemplo, la convulsa situación en Venezuela ha incrementado notablemente el número de personas refugiadas en Colombia, pero las cifras de refugiados en España hacen que este país esté muy lejos de aparecer entre los primeros puestos del ranking. 

“Una cosa es que a unas personas les guste más o les guste menos, pero la realidad desde la economía pura, desde la ciencia, es que la inmigración es beneficiosa para las sociedades. A ti te puede gustar o no, como al que le gusta o le deja de gustar un helado de fresa, que no es discutible porque los gustos son muy personales, pero otra cosa es que digas que la inmigración es perjudicial. Eso ya sí se puede rebatir en términos económicos”, explicaba en una conversación reciente con ONG Rescate el catedrático experto en macroeconomía Javier Díaz-Giménez.

La imagen de inmigrante ha estado tradicionalmente ligada a trabajos de baja cualificación, pero lo cierto es que, desde 2014 y en paralelo con la recuperación económica vivida en España, no solo el trabajo de las personas inmigrantes está aumentando en número -lo que implica que las tasas de desempleo entre esta población se han reducido-, sino que se viene observando una tendencia creciente de empleo joven e inmigrante en categorías ocupacionales de alta cualificación que crece a tasas superiores a las de baja cualificación. Esto, según los expertos, permitirá en unos años reducir los desequilibrios que aún persisten entre la clase trabajadora local y la inmigrante y convertirá a esta última en un colectivo más diverso y dinámico.

Según el informe ‘La inmigración en España: efectos y oportunidades’ del Consejo Económico y Social, la evidencia disponible para España arroja saldos fiscales positivos de la inmigración. “En una reciente estimación de la OCDE centrada en los flujos monetarios directos (impuestos directos y cotizaciones sociales menos transferencias monetarias, excluyendo por el lado de los ingresos los impuestos sobre el consumo que pagan todos los inmigrantes, incluidos los que están en situación irregular, y por el lado del gasto el consumo de servicios públicos, como sanidad y educación), en la mayoría de los países considerados el saldo fiscal es positivo”, se afirma en la misma investigación. En la Unión Europea tan solo hay tres excepciones en las que ese saldo es negativo y entre ellas no está España. Esos tres países son Irlanda, Francia y Alemania.

Está muy extendido el rumor de que las personas inmigrantes, solo por el hecho de serlo, reciben grandes cantidades de dinero en ayudas sociales de las arcas públicas españolas. Ayudas sociales que, recordemos, está recogidas por la ley española como mecanismo para proteger a las personas más vulnerables, independientemente de la nacionalidad. En la Constitución Española se recoge que el único requisito para acceder al sistema de servicios sociales es el empadronamiento, que es a la vez un derecho y un deber de cada persona que habita en este país. Pese a los rumores, hay gran cantidad de estudios que evidencian que las personas inmigrantes no solo no copan las ayudas, sino que reciben del Estado menos de lo que aportan a él. Por poner un ejemplo, de las 49.070 personas atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga en 2019, tan solo 2.561 eran inmigrantes, lo que supone un 5,2%. Este tipo de rumores puede conducir a la pérdida de apoyo ciudadano a los programas redistributivos o a la exclusión de los extranjeros de determinados programas sociales.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) estima que, igual que en el periodo de 2000 a 2008 la participación de personas extranjeras en el mercado laboral compensó el envejecimiento de la población española y contribuyó a equilibrar el sistema, el descenso existente de población autóctona en edad de trabajar seguirá impulsando la entrada de inmigrantes hasta 2050. Según las estimaciones, hará falta alcanzar entre el 13 y el 17% de población inmigrante en edad de trabajar para asemejarnos a otros países de nuestro entorno con mayor tradición migratoria.

NO. En marzo de 2020, en el último barómetro del CIS antes de la pandemia de Covid-19, la inmigración se encontraba en el puesto número once de las preocupaciones de la ciudadanía, muy por detrás de otros asuntos como el paro, los problemas relacionados con la economía o con la calidad del empleo, la sanidad, las pensiones, la corrupción, el fraude, etcétera. Tan solo ocho de cada cien personas encuestadas hacen referencia a la inmigración entre los problemas nacionales, muy por debajo del 21% de la media europea. Además, cuando se pregunta por los principales desafíos de la Unión Europea, el 27% nombra la inmigración; de nuevo muy por debajo del 38% de media europea.