Helena. República Democrática del Congo.*

Clara Pérez Becerra (ONG Rescate). Cuando hablamos de mujeres refugiadas, es necesario poner de manifiesto la doble violencia a la que se ven expuestas por la combinación de dos factores que acentúan su vulnerabilidad: género y desplazamiento. Aunque es evidente que las mujeres, a todos los niveles, continúan teniendo que enfrentarse a mayores obstáculos que los hombres, en el caso de las mujeres con necesidades de protección internacional las dificultades se ven incrementadas por su falta de acceso a derechos.

El propio ACNUR reconoce que, mientras que los hombres desplazados por la fuerza también enfrentan problemas de protección, ellas pueden verse expuestas a vulneraciones específicas asociadas al género, factores culturales, situación socioeconómica y jurídica[1]. 

De la misma manera, uno de los principales retos a los que se enfrentan estas mujeres por su condición de solicitantes o beneficiarias de protección internacional es el de la inclusión en las sociedades de acogida. Para alcanzar este objetivo, los mecanismos orientados a este fin deben incorporar una perspectiva de interseccionalidad[2] y de género como base para identificar las necesidades y especificidades que afrontan las solicitantes. 

En nuestro país, sin embargo, existen todavía numerosos obstáculos y falta de voluntad política para que este enfoque se aplique en los diferentes ámbitos que afectan a la inclusión de las mujeres refugiadas.

El género como factor de vulnerabilidad en la acogida

Tal y como se recoge en las Directrices sobre protección internacional por motivos de género del ACNUR “Las personas que presentan solicitudes de estatuto de refugiado por motivos de género (…) necesitan un ambiente solidario en donde puedan sentirse seguras respecto de la confidencialidad de su solicitud.”[3]

En España, el Sistema de Acogida para personas solicitantes y/o beneficiarias de protección internacional carece de suficientes recursos especializados que puedan dar respuesta a las necesidades específicas de las solicitantes de asilo por motivos de género. La existencia de estos espacios es determinante a la hora de evitar la revictimización de las solicitantes y prevenir posibles situaciones de violencia y/o discriminación en el país de destino, como puede ser el caso de víctimas de trata, mujeres trans, supervivientes de violencia de género, etc.

En numerosas ocasiones, la falta de formación en perspectiva de género del equipo de profesionales, así como la imposibilidad de ofrecer un espacio seguro, desemboca en un agravante de la vulnerabilidad de las solicitantes, que deciden no acceder al sistema por miedo al mismo.

Es fundamental poner de manifiesto la necesidad de proporcionar una atención integral especializada en la acogida, donde se ofrezca un espacio seguro y se proporcione una atención psicosocial adaptada a las necesidades particulares, vinculadas al género. 

Desde las entidades, se debe acompañar en el proceso de recuperación e inclusión de las beneficiarias, ofreciéndoles una seguridad que fomente el empoderamiento y les permita reconocer sus propias competencias y habilidades personales, así como la creación de un vínculo de confianza con el equipo mediante el trato cercano y respetuoso en la atención integral.

Barreras para la inclusión social

Las dificultades que se presentan ante las mujeres refugiadas tanto en origen, trayecto migratorio, como en el comienzo de su proceso de acogida, son quizás más claramente identificables que las que se mantienen a lo largo de dicho proceso. Sin embargo, existen múltiples factores que pueden obstaculizar una adecuada inclusión en la sociedad, incluso después de años desde llegada al país de acogida.

Factores como la falta de acceso a una vivienda adecuada, el desempleo, el aislamiento, la barrera idiomática – en su caso –, la violencia, el trauma o la discriminación, entre otros, pueden obstaculizar las vidas de las personas migrantes en general, y especialmente de las mujeres refugiadas.

En el caso de las familias monomarentales, presentan una vulnerabilidad añadida y mayores probabilidades de exclusión social, no sólo por la limitación, muchas veces a nivel de ingresos, sino por la problemática específica en materia de conciliación y empleo, vivienda, redes de apoyo y de salud.

El sesgo de género también determina las áreas formativas y laborales. Está probado que los sectores más precarios están feminizados, como es el caso de las mujeres migrantes y refugiadas, que suelen estar abocadas a trabajar en las redes de cuidado. Asimismo, se enfrentan a dificultades específicas como la conciliación familiar o el acoso sexual y laboral, más frecuente y grave cuanto mayor es la vulnerabilidad.

Es indiscutible la importancia del aprendizaje del idioma como condición de posibilidad de la integración las mujeres refugiadas en la sociedad de acogida, espacios donde también se posibilita el intercambio de códigos culturales de forma positiva y crítica con el fin de superar prejuicios y estereotipos. La enseñanza de español como lengua extranjera en el entorno de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo reviste, además, particularidades que la hacen muy diferente de la enseñanza del español a mujeres en otros medios más académicos: la diversidad en su procedencia, así como la disparidad de edades, creencias, lenguas y nivel de instrucción; sumadas a la especial situación de vulnerabilidad, convierten el aprendizaje del español en este entorno en algo más complejo y delicado, que requiere la intervención de profesionales cualificados. 

En otros ámbitos como en el acceso a la salud, las mujeres también están viendo agravada su situación de vulnerabilidad, debido a la arbitrariedad con la que se está limitando a algunas solicitantes el acceso a los servicios sanitarios, clave en procesos de maternidad, salud mental vinculada al trauma y múltiples particularidades que deben ser tratadas, desde una perspectiva transcultural y de género, por el hecho de ser mujer y refugiada.

La población local como agente de inclusión

Si bien existen numerosos factores que son determinantes a la hora lograr la inclusión de las mujeres refugiadas en las sociedades de acogida, la implicación de la población civil es fundamental como motor de cambio.

La sociedad de acogida debe tomar conciencia de que es importante facilitar espacios seguros y redes de apoyo sensibilizadas y solidarias con las múltiples opresiones de las mujeres refugiadas. Estas relaciones horizontales y de sororidad entre mujeres pueden suponer una gran diferencia en el proceso de adaptación, la recuperación personal y el acceso a los derechos de las mujeres refugiadas.

Clara Pérez Becerra es trabajadora social en ONG Rescate y está especializada en protección internacional y género.

[2] Término acuñado en 1989 por Kimberlé Williams Crenshaw, académica y profesora estadounidense especializada en el campo de la teoría crítica de la raza, quien define la interseccionalidad como “el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales”.

[3] DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967.

  *Nombre ficticio por motivos de protección.